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Simón García / Detener la barbarie.

Vivimos un día a día infernal, insoportable y empeorando. Es una rutina que desgasta enfrentar el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad y la crisis de los servicios públicos. Una parte de la población ha perdido esa pelea. La socialización de la pobreza extrema la obligó a buscar comida entre los desechos de mercados, comercios o residencias. Otra, tiene que acostarse con una comida al día.

El país ya sabe que el responsable de esta tragedia es el gobierno y que no habrá solución mientras no sea cambiado. Esa convicción ha convertido al RR16 en un clamor de la sociedad. Un asunto crucial, de angustiosa sobrevivencia o muerte lenta para toda la sociedad.

La cúpula gubernamental no quiere el referendo ni en el 16 ni en el 17. Está dispuesta a patear la Constitución y llevarse el país a la catástrofe a costa de que un hombre y un partido sigan disfrutando los ofensivos privilegios de una nueva clase dominante.

La cúpula oficialista, perdió definitivamente la calle. Ahora cocina ilegalizar el referendo revocatorio. ¿Podrá hacerlo contra la voluntad de millones de venezolanos que no aguantan la continuidad de la crisis y que no quieren que se profundice la inestabilidad? Paradójicamente hacer cambios es la única forma de estabilizar la complicada situación política.

El gobierno niega la doctrina de su líder máximo: actúa sistemáticamente fuera de la Constitución. Está consumando, a la vista de todos, la liquidación del Estado de Derecho. El plan se inició inmediatamente después del triunfo del país descontento y de la MUD amputando arbitrariamente la mayoría calificada. El triunfo en la Asamblea Nacional quebró la estructura totalitaria de poder. Ese ejemplo de autonomía y separación de poderes no podían resistirlo. No podían porque la democracia se contagia.

El gobierno quiere dinamitar el Estado de Derecho antes de darle paso, a partir del revocatorio, a un proceso progresivo de transición pacífica, que restablezca la vigencia de las normas constitucionales y sea el punto de partida para un gobierno de Integración Nacional.

A través de sentencias que sustituyen al poder legislativo, las Salas del TSJ alteran el texto constitucional y asumen funciones de poder constituyente. Esta barbarización de la justicia sólo tiene como objetivo perpetuar a una minoría en el ejercicio de un poder que no expresa el antiguo proyecto político sino los grandes intereses económicos de un grupito de privilegiados.

Democracia y Estado de Derecho es RR16. Hay que detener a los bárbaros defendiendo el camino para arribar este año a una solución pacífica y electoral.

@garciasim

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