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Simón García / No hay que dejar

El gobierno ni resuelve los problemas ni rectifica. Al contrario, aplica con más vigor el modelo que le estalló en las manos. Sigue adoptando decisiones contra los que producen y enfilándose contra los opositores y los que reclaman. Para atacar a los empresarios acaban con la economía y para maniatar a la oposición acaban con las libertades. Las dos operaciones agravan las calamidades.

           La loca capacidad del gobierno para hundirse y hundirnos en el fracaso no tiene sentido. A menos que la cúpula roja considere que el estado general de escasez y la constante subida de los precios formen parte del camino de espinas que hay que recorrer de rodillas para instaurar su versión totalitaria de socialismo.

           Si Giordani proclamó que sin pobres no habría revolución, cualquier otro cerebro fanatizado podría acuñar el disparate que para liquidar a los capitalistas hay que quitarles las empresas y quebrarlas. Es lo que ha hecho el gobierno con las industrias que expropió. También con las empresas públicas del hierro, el aluminio y el oro. El petróleo lo lleva a medio término.

           Sea cual sea la explicación del plan de destrucción que está ejecutando Maduro, la situación se nos torna inaguantable. La tragedia que carcome al país no deja indiferente a nadie porque golpea todos los días a cada familia asentada en nuestro territorio.

          La evidencia se va generalizando: o se acaba con las causas de la crisis o ella acabará con todos. Se arriba a la conclusión del querido Watson: hay que parar el desastre que está ocasionando el gobierno. La razón práctica es similar: tanto los que están en desacuerdo con el proceso como quienes lo apoyan pagan los mismos mil bolívares por un kilo de caraotas.

           Por debajo se populariza la importancia de ponerle fin a la crisis por vías pacíficas, democráticas y constitucionales. La oposición debe oír este consenso y evitar que respuestas falsamente radicales le suministren al gobierno pretextos para justificar nuevos descarrilamientos legales. Hay que estar con la gente y mantenerse en el camino del 6 de diciembre, aguantando las provocaciones que arreciarán y para las cuales se supone que estamos preparados.

           El rasgo interesante es que en el seno del oficialismo están creciendo las voces que opinan que llegó la hora de cambiar de modelo y de políticas. Son sectores que desean lograr los actuales objetivos por otros medios y que se resisten a echarle más gasolina a la candela. Algunos comienzan a intuir que su única posibilidad de influir en un cambio de rumbo es dejar que los grandes jefes, el grupito de los privilegiados y los vivos de ocasión reciban el tortazo preventivo de una derrota electoral.

           Para el país, las elecciones parlamentarias tienen el significado añadido de expresar el común llamado popular, un lado como exigencia y el otro como solicitud, a cambiar esta situación cambiando las políticas económicas. La nueva Asamblea Nacional tendrá el desafío de ser voz activa de esa exigencia y canal de reconducción de esa solicitud. Un mandato que tendrá que cumplir resolviendo la tensión y el conflicto entre la profundidad de los cambios y la aspiración mayoritaria de llevarlos a cabo en paz y con la estabilidad indispensable para que la reconstrucción de la economía y la democracia pueda ser impulsada por todos.

           Si los que tienen el poder no saben o no quieren resolver los problemas, entonces los candidatos de la unidad deben levantar sus soluciones a la crisis y acercarse a la gente con la convicción de que la relación directa con ella es una de las claves para recuperar la confianza en la política y en los partidos.

           Si el país se va al infierno, cada uno tendrá una paila esperándolo. Diciembre es la gran oportunidad para evitarlo.

@garciasim

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