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Miguel Méndez Rodolfo / Refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública

Caracas.- Maduro, actuando en forma prepotente como si se dirigiera al pueblo de Venezuela, impone a los inversores internacionales, tenedores de bonos venezolanos, una  refinanciación y reestructuración de la deuda. Lo hace en los términos en que suele negociar en el país: lo toman o lo dejan. Cierto es que se cuidó mucho de pagar, aunque con atraso, los vencimientos del último mes, y además prometió que Venezuela seguirá cumpliendo con el pago de la deuda. De todas maneras, este anuncio que busca simultáneamente dinero fresco además de cambios en los pagos, términos, intereses y fechas de vencimientos de nuevos títulos, canta una especie de default y se puede catalogar de muy ambiguo.

El tema es que lo que Maduro plantea como una salida fácil, es una negociación cuesta arriba. En efecto, las sanciones impuestas por USA que impiden a sus nacionales pactar con el gobierno de Venezuela, las sanciones que va a imponer el FMI al país, la presión que ejercerá el sistema financiero internacional por lograr el pago de la deuda, la posibilidad del embargo de los bienes de Citgo o de su factura petrolera en caso de incumplimiento y la obligatoriedad constitucional de que la Asamblea Nacional le dé el visto bueno a las negociaciones, hablan por sí mismas de las dificultades que tendrá la renegociación la deuda.

La deuda pública venezolana consolidada, incluyendo al gobierno central y a Pdvsa, se ubica en US$ 150.000 MM, cantidad que generará pagos anuales de alrededor de US$ 9.000 MM, para los años 2018, 2019 y 2020. Los inversores extranjeros, principalmente de USA, Canadá y Europa, concentran 70% de los tenedores de bonos. Inversores venezolanos, vinculados al gobierno, tienen el 30% restante. Son estos últimos los que más presionan por el pago y como están coludidos con altos funcionarios públicos y del PSUV, las posibilidades de alguna forma de cumplimiento son probables.

Con un nivel de reservas de US$ 10.000 MM Venezuela debe pagar en lo que resta del año alrededor de US$ 1.800 MM y unos US$ 8.000 MM en 2018. Al igual que en caso de los bonos basura argentinos, renegociados en 2001, muchos bonos venezolanos carecen de una cláusula de acción colectiva (donde se impone el acuerdo con la mayoría), por lo que una minoría que se sienta lesionada puede demandar, tal como lo hicieron los fondos buitre, que terminaron ganando en las cortes americanas, lo que pone en peligro los activos venezolanos en el exterior, así como las facturas petroleras, no solamente de Citgo.

El gobierno que no entiende nada y que pone al frente de la renegociación al Vice Presidente El Aissami y al Ministro de Finanzas, Simón Zerpa, ambos previamente sancionados en forma individual por EEUU, busca simultáneamente una refinanciación y una reestructuración. En tanto que la primera es una oferta a los inversionistas para que estos accedan a un cambio voluntario de los bonos, la segunda no es de libre elección, sino que se obliga a los acreedores a aceptar nuevos papeles; sin embargo, ambas opciones están negadas, desde el momento que el país está imposibilitado de emitir nuevos papeles, debido a las sanciones del gobierno americano.

La pretendida renegociación generó que los bonos venezolanos bajaran hasta 20 puntos. Para algunos analistas Venezuela quiere ganar tiempo para recomprar más adelante una parte de su deuda a precios de remate; sin embargo, como no tiene liquidez, tal adquisición la haría a través de los chinos y los rusos. Esta posibilidad, a nuestro entender, luce improbable ya que desde septiembre Rusia negocia la reestructuración de su deuda con Venezuela, tanto en conversaciones bilaterales como en contactos dentro del Club de París. A todas estas, la pregunta clave es si el gobierno estará dispuesto a cumplir sus obligaciones en el supuesto que no se alcance un acuerdo con los tenedores.

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