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Beltrán Haddad / Corrupción entre particulares

En el artículo 69 de la Ley de Precios Justos se condena con prisión a quien por sí o por persona interpuesta ofrezca o dé un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías o servicios. Hasta aquí no hay problema. Pero resulta que en la reforma de la Ley contra la Corrupción aparece el mismo delito (artículo 47) con el mismo tenor y la misma pena. Le comento esta situación a Ramón Espinosa y me dice: !Carajo! estás entre dos piedras, una contra el patrimonio público y la otra contra la defensa de los derechos socioeconómicos de la población.

Es cierto, en situaciones como la planteada estamos entre dos piedras y debemos deshacernos de una de ellas. El problema es grave para los jueces y fiscales, porque cualquiera de ellos pudiera interpretar que existe un concurso de delitos, lo que daría por consecuencia que una persona enjuiciada por un solo hecho, corra el riesgo de ser perseguida o condenada por dos delitos. Esto sería injusto y violatorio del principio aquel de que nadie puede ser perseguido o condenado dos veces por el mismo hecho. Aquí no se trata de un concurso de delitos, sino de un conflicto de leyes. O sea, cuando concurren leyes aplicables a un mismo hecho, solo una de ellas puede ser aplicada y hay que deshacerse de la otra. Por supuesto, la solución tiene que ver con un problema de interpretación para determinar, ante un solo hecho, la ley aplicable de acuerdo a criterios ya elaborados, como la especialización.

El delito de corrupción entre particulares no es un delito de funcionarios y mucho menos puede ser ubicado en el enriquecimiento ilícito, que es un delito que solo comete el funcionario público. De modo que la corrupción entre particulares no es delito contra el patrimonio público. Fue un error incluirlo en la Ley contra la Corrupción y debe ser sacado de allí. Seguramente fue un lapsus calami. En todo caso, los asesores en formación de leyes deben tener conocimiento de la teoría del delito y de la pena porque el Derecho Penal es un derecho perdurable, y como tal sus normas deben ser bien pensadas. Se trata de la libertad de las personas, no de cualquier cosa.

Autor: Beltrán Haddad / Abogado

Fuente: Últimas Noticias 

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Un comentario

  1. Según la Ley Antimonopolio de 2014 en Venezuela se entenderán como prácticas desleales, la publicidad engañosa, la simulación o imitación, el soborno comercial y la ventaja adquirida por violación de normas.

    Para dicha ley se considera soborno comercial cuando un agente económico induce a una persona que trabaja en una empresa competidora para que realice actividades o tome decisiones contrarias a los intereses de la empresa en la que labora, o bien no cumpla sus deberes contractuales, a cambio de una contra prestación; con la finalidad de obtener beneficios para su empresa, que en ausencia de dicha práctica no lograría.

    Es justamente en el soborno comercial como supuesto de competencia desleal que se justifica la inclusión del tipo penal de la corrupción privada en la Ley de Precios Justos y después en la ley contra la corrupción, en especial si a diferencia de países como Colombia o España, en Venezuela no existe una ley penal exclusiva que aborde, regule o restrinja la competencia desleal y el poco desarrollo que el parlamento venezolano dio al tema en la Ley para la Promoción y Protección de la Libre Competencia.

    Para hacer más palmaria la coincidencia entre el soborno comercial y la corrupción privada, si analizamos que según Magdú Cordero y Betty Andrade, en su obra Aspectos Generales de la Competencia Desleal, el soborno comercial se configura cuando un determinado agente económico paga u ofrece algún tipo de retribución a una persona natural integrante de otro agente competidor, bien en cualidad de Director, empleado de confianza, o accionista, para que realice actividades, o tome decisiones, contrarias a las que son normales e inherentes a su cargo, en desmedro de la empresa de la que forma parte.

    La anterior definición de soborno comercial se ajusta a la disposición de la Ley contra la Corrupción de 2014, que en el artículo 47, regula la corrupción entre particulares del siguiente modo:

    Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años.
    Así las cosas es indiscutible que cuando nos referimos al supuesto de la competencia desleal del soborno comercial, en Venezuela se penaliza bajo la forma de corrupción privada.

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