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TSJ y Fiscalía enfrentados por tensión constituyente

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud hecha por el diputado chavista Pedro Carreño para determinar si hay méritos para llevar a juicio a Ortega Díaz, lo que podría implicar el cese temporal en sus funciones.

En el recurso de Carreño se considera que la fiscal supuestamente ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa” y de actuar ignorando la Constitución.

En la solicitud también se piden medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes, las cuales “se encuentran en estudio”, según informó el mismo Supremo.

Ortega advirtió más tarde que llegará “hasta donde se lo permita la ley” al ser consultada sobre la posibilidad de ser enjuiciada y apuntó que podría estar cerrándose “la última puerta de la democracia”, que es el Ministerio Público.

Dijo que en Venezuela este tipo de acciones, como las iniciadas por dirigentes chavistas para llevarla a juicio, no tendrían cabida si en el país se respetara la Constitución y señaló en este sentido que en el país “se ha desmantelado el estado de derecho” y que “más bien en un estado de terror”.

Reiteró que se opone a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, un proceso contra el que ha introducido recursos legales ante el Supremo por considerar que su convocatoria se ha hecho de forma ilegal al no ser consultada antes al pueblo, amparos que han sido rechazados por la corte.

En los últimos meses la fiscal, antes ficha considerada como aliada del chavismo, ha emitido críticas y ha introducido recursos legales, no solo para evitar la Constituyente, sino también para que sean destituidos magistrados del TSJ que a su juicio fueron elegidos por el oficialismo en un proceso poco claro.

Ortega también ha reprobado la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en la represión de las manifestaciones opositoras que se realizan desde hace 81 días y hoy señaló que ha sido “grave” la violación de los derechos humanos en esos escenarios, que han dejado 75 muertos.

“Estoy segura de que la Corte Penal Internacional, el expediente que debe tener de Venezuela puede medirse con una cinta métrica (…) porque ha sido grave el tema de la violación de los derechos humanos”, señaló.

Informó que la Fiscalía ha emitido órdenes de captura contra 23 funcionarios de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) por la muerte de manifestantes, pero que no se han concretado estas detenciones y que desde el 1 de abril se han registrados 1.413 lesionados, 1.138 de ellos civiles.

Mientras, el presidente Maduro designó un nuevo Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) al tiempo que ratificó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aunque le relevó como jefe del Comando Estratégico Operacional militar (CEOFANB).

Entre los cambios hechos el martes por Maduro destaca la remoción del jefe de la GNB, Antonio Benavides, un día después de que se informara que ese componente de la FANB causó la muerte de un joven de 17 años en una protesta en Caracas.

Por su parte la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su decisión de desconocer al gobierno de Maduro y la convocatoria a la asamblea constituyente, al tiempo que llamó a organizar una “protesta permanente”.

El presidente de la Cámara, el opositor Julio Borges, dijo como portavoz de la MUD que el Gobierno “se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie de acuerdo al artículo 350 de la Constitución”.

El diputado leyó un comunicado en el que indicó que no se puede “esperar bajo ningún concepto hasta el 30 de julio”, día en el que está prevista la elección de la Constituyente, para desconocerla.

El Estímulo

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