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TSJ anuló ley que fijaba límite de sueldos de altos funcionarios del Estado

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público tras determinar que su contenido es “inconstitucional”, por tanto, vulnera la progresividad e intangibilidad del derecho al trabajo.

Dicho reglamento –publicado en Gaceta Oficial número 39.952 del 12 de enero de 2011 por la entonces Asamblea Nacional (AN) de mayoría chavista– fijaba el límite que debían devengar los altos funcionarios del Estado por el ejercicio de sus funciones.

La decisión de dejar sin efecto esta ley se tomó luego de que Neidy Rosal, legisladora del estado Carabobo, interpusiera un recurso de nulidad contra los artículos 4 y 17 de la misma alegando que allí se “cercenan los derechos laborales que tenemos los funcionarios de elección popular como trabajadores al servicio del pueblo y enmarcados dentro de las normas de un Órgano Público, en este caso, el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, quien no reconoce ni cancela a los Legisladores el bono alimentación (…)”.

El fallo del máximo tribunal, reflejado en la sentencia número 686 del pasado 14 de agosto, indica que la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público “condujo a una clara depresión de los montos de las remuneraciones” de los funcionarios del Estado.

La decisión también tomó en consideración los “altos” niveles de inflación que vive el país de acuerdo a los índices mostrados por el Banco Central de Venezuela (BVC), lo que implica una “pérdida de poder adquisitivo que atenta contra el principio de progresividad de los trabajadores”.

Añade el texto que igualmente se vieron vulnerados “los principios de racionalidad y proporcionalidad, lo que conllevó a una perdida sustancial en la calidad de vida” de estos trabajadores públicos, según la demanda de nulidad presentada por Neidy Rosal.

La anulada ley, que tuvo una vigencia de más de seis años, violaba los derechos constitucionales establecidos en los artículos 2, 19, 21, 89.1, 174 y 299 de la Carta Magna, según el análisis hecho por la Sala Constitucional.

El Universal

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