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Tribunal de Caracas privó de libertad a juez laboral

El Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC) privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera, así como a los ciudadanos David Norberto VIamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas, por la presunta comisión de los delitos de extorsión agravada, suposición de valimiento y asociación para delinquir, por hallarse incursos en red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comunicó a través de una nota de prensa que el denunciante, informó a las autoridades que su padre fue aprehendido por estar presuntamente solicitado por la Interpol.

Apuntó que en busca de asesoría jurídica, la víctima contactó al privado de libertad hoy, el juez laboral Glenn David Morales Rivera, quien le solicitó varias cantidades de dinero, las cuales se estiman en cuatro millones de dólares, pero al no contar el denunciante con el dinero solicitado, el juez le presentó otra opción que implicaba la participación de otro grupo de personas que se desempeñarían como prestamistas a cambio de que la víctima pusiera los bienes a sus nombres. Asimismo, amenazó con encarcelar al padre de la víctima y también con la inclusión de toda familia en alerta roja internacional por parte de la Interpol.

De acuerdo a la información contenida en la decisión, el abogado de la contraparte también estaría involucrado en el hecho, debido a que bajo coacción y amenazas, le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales. De acuerdo con eso, en el caso se encuentran implicados diversas personas adscritas a organismos del Estado.

De la declaración del denunciante se desprende la acción ilícita cometida por varios funcionarios adscritos a las instituciones del Estado, quienes de manera reiterada sometieron a las víctimas a la entrega de varias sumas de dinero, reseñó la nota de prensa del TSJ.

Destacó que se utilizaron los nombres de magistrados para ejecutar la acción y prometer una ayuda en la causa penal. Por consiguiente, se ordenó un procedimiento de autorización de entrega controlada, resultando detenidos los ciudadanos antes señalados.

El Universal

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