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¿Puede Maduro allanar la inmunidad parlamentaria por decreto?

“Tengo listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos, y que nadie utilice la inmunidad parlamentaria para conspirar, para complotarse, para matar, para ir contra el pueblo y su derecho a la paz”, expresó el presidente Nicolás Maduro en un acto político en la Avenida Bolívar el primero de septiembre.

Asamblea Nacional

Expertos consultados por El Estímulo aseguran que el presidente Nicolás Maduro no puede allanar la inmunidad parlamentaria por decreto. El artículo 200 de la Constitución establece que los diputados gozarán de la inmunidad parlamentaria desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. Por su parte, el artículo 25 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional establece el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad y que solo puede hacerse a través de la aprobación de la propia Cámara.

“El único acto a través del cual se puede levantar la inmunidad es uno del pleno de la Cámara llamado interna corporis o acto privativamente político”, así lo explicó el diputado de la Asamblea Nacional y abogado constitucionalista, Juan Miguel Matheus.

“Levantar la inmunidad es competencia de la Cámara. Por eso Maduro no puede hacerlo, como pretende, por decreto”, añadió el parlamentario.

Los decretos son actos presidenciales de rango sublegal y aunque Maduro, bajo el Estado de Excepción, actúa a través de ellos, estos están por debajo de las leyes.

“En este caso, la Constitución establece que el acto para levantar la inmunidad no puede hacerse por decreto. Si lo hace, estaría incurriendo en una violación de la inmunidad y entraría en el supuesto de responsabilidad penal, o sea un delito”, explicó Matheus.

Esa condición de protección a los legisladores, es una prerrogativa constitucional que tienen en materia penal. El sentido es cuidar la composición e integridad de la Cámara y a sus miembros contra las persecuciones políticas.

¿Cómo puede ser allanada la inmunidad?

La Constitución establece que los diputados son altos funcionarios y por eso en materia de procedimientos penales cuentan con un antejuicio de mérito. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por una rogatoria que hace el Ministerio Público, deben decir si hay mérito o no para enjuiciar a un diputado.

El antejuicio de mérito es una autorización que pide la Fiscalía para enjuiciar a un alto funcionario.  El Ministerio Público solicita el antejuicio, se avisa al diputado y se realiza una audiencia pública y oral.

En la audiencia están presentes los magistrados del Tribunal Supremo, la fiscal con sus asistentes y el diputado con sus abogados. En países democráticos también es abierta a los medios. Allí las partes exponen sus argumentos, la fiscal expresa las razones por la cual se pide el antejuicio y el diputado y sus abogados las razones por las cuales no procede y luego de eso los magistrados tienen 30 días para dictar una decisión.

Si la decisión ordena el antejuicio el TSJ solicita a la AN autorización para allanar la inmunidad política. “De haber indicios para que haya un juicio contra un diputado, como constitucionalmente impera la inmunidad, la Sala Plena hace la rogatoria para que la Cámara levante la inmunidad, pero esta rogatoria es una petición que la Cámara puede acoger o no”, concluyó Matheus.

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