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Prohibición de salida del país agarró a algunos de los afectados fuera de Venezuela

Cortesía de: Efecto Cocuyo

Cortesía de: Efecto Cocuyo

“¿Cómo pueden sacar una medida de este tipo si ni siquiera estoy en Venezuela?”, se preguntó el director de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien se encuentra en Miami. Allí se enteró de la supuesta prohibición de salida del país que le habría impuesto el Gobierno tras una demanda de difamación agravada contra su rotativo, Tal Cual y La Patilla que introdujo el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, el 23 de abril de 2015.

La información se conoció a través del portal web de El Nacional la noche de este martes 12 de mayo. La jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, sería la encargada de dictar la sanción a un total de 22 integrantes de las directivas de estos medios de comunicación.

No recibí ninguna orden judicial a las direcciones en Venezuela. Yo voy de vuelta al país dentro de pocos días y designaré a un abogado para la defensa, asistiré al juicio. Pero esta medida es un absurdo. Mi hermana (Mariana Otero) tampoco está en el país y ella pertenece a la junta directiva, que no tiene nada que ver con las decisiones editoriales”, declaró Otero, vía telefónica.

No he sido citado por ningún tribunal. La Patilla no cambiará su línea editorial. El que no la debe no la teme”

Alberto Federico Ravell, director del portal La Patilla, también aseguró, a través de su cuenta Twitter, que: No he sido citado por ningún tribunal. La Patilla no cambiará su línea editorial. El que no la debe no la teme”.

Los tres medios difundieron un trabajo publicado por el diario ABC de España el 27 de enero de 2015. En este reporte reseñaron las declaraciones del capitán de corbeta, Leamsy Salazar, que relacionaba al presidente de la AN con irregularidades. Un día después, Cabello respondió que los demandaría, incluyendo a ABC.

“Fue el mismo personaje –Diosdado Cabello- en el 2009, cuando era presidente de Conatel, que llevó a cabo el procedimiento de cierre de 32 emisoras de radio, uno de los casos más alarmantes para la libertad de expresión después del cierre de RCTV. Esta es otra medida penal que causa preocupación, porque busca intimidar a los pocos medios independientes que quedan”, señaló la directora de Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), Marianela Balbi.

El organismo tiene contabilizadas 42 acciones legales del Gobierno contra periodistas y medios de comunicación desde el 2005 hasta el 2015. De esas, 20 han sido desde abril de 2013 hasta la fecha, “es decir, en el mandato de Nicolás Maduro”.

Para Balbi, esta decisión es una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Esta opinión es respaldada por el presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía, quien aseguró que al Gobierno “le molesta que se refleje la verdad, en este caso, publicada por un medio internacional. La demanda no corresponde a estos medios nacionales que lo que hicieron fue reseñarla”.

Vanessa Arenas / @VanessaVenezia

Fuente: efectococuyo.com

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