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Piden a la AN acelerar revocatoria de magistrados del TSJ

TSJTanto para los parlamentarios que conforman el bloque de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como para algunos abogados, la acción del máximo tribunal pretende desconocer las facultades del control político de la Asamblea Nacional.

El conflicto entre poderes públicos comenzó a avivarse aún más luego de que el jueves la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara que el decreto de Emergencia Económica no perdía vigencia a pesar de que la Asamblea Nacional desaprobará la medida con el voto de la mayoría de los diputados de la oposición. Eso le permitirá al primer mandatario hacer uso de las facultades previstas en el decreto como disponer con discrecionalidad del presupuesto de la nación y requerir bienes de personas naturales y jurídicas que considere para garantizar el abastecimiento.

Tanto para los parlamentarios que conforman el bloque de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como para algunos abogados, la acción del máximo tribunal pretende desconocer las facultades del control político de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 222, 223 y 224 de la Constitución y lo establecido en artículo 339 que indica que un decreto de Estado de Excepción no puede entrar en vigencia sin antes pasar por el aval del parlamento.

“La Sala Constitucional está dejando las facultades de control parlamentario y político que tiene la Asamblea Nacional sobre la acción del ejecutivo como la administración de los recursos que incluso puede manejar de espalda a la Ley de presupuesto, la Ley orgánica financiera, la Ley del Banco Central de Venezuela y la Ley de endeudamiento público y demás procedimientos legales y constitucionales de empréstito público que en teoría debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, pero con la lectura de la sentencia de la Sala Constitucional, el presidente ni siquiera podría pasar por el parlamento”, señaló el abogado constitucionalista José Vicente Haro.

El abogado consideró que el dictamen resulta “más grave que una Ley habilitante” por lo amplio de la facultades que pesan sobre el ejecutivo y señaló que la medida técnicamente puede restringir determinadas garantías. “Por ejemplo, en un decreto bien redactado, en los procedimientos correspondientes a la ocupación de ciertos servicios públicos administrados por particulares se pueden revertir garantías de manera que el estado tenga la posibilidad de tomar medidas para garantizar la continuidad de esos servicios, y disponer de unos bienes temporalmente sin que eso signifique violación del derecho a la propiedad”, precisó el abogado quien resaltó que lo inconstitucional es que el decreto permita la “ocupación” de bienes establecimientos, almacenes, depósitos, medios de trasportes de empresas y de particulares. “Es una violación al derecho a la propiedad privada y a la libertad económica establecidas en los artículos 112 y 115, en virtud del artículo 25, y por eso la sentencia es inconstitucional”.

Por otro lado, el abogado se refirió a la posibilidad de restricción del uso de moneda extrajera y la imposibilidad de que los ciudadanos dispongan libremente de sus depósitos y ahorros en entidades bancarias. “Abre la puerta a un corralito y a un conflicto económico de grandes magnitudes”, aseveró.

Haro dijo que la prórroga por 60 días más también debería aprobarse por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional. Pero asoma que podría volverse al mismo escenario en el que la AN desaprueba y el TSJ por medio de la Sala Constitucional, por sentencia, admite la extensión del lapso del decreto.

El abogado constitucionalista Luis Alfonso Herrera destacó que todos los actos realizados en el marco del decreto deberán ser investigados por la AN en sus respectivas comisiones permanentes para establecer futuras responsabilidades y resaltó que la decisión de la Sala Constitucional representa un desconocimiento de los resultados de las elecciones parlamentarias de 6D, del Estado de Derecho y de la democracia.

Por su parte, el abogado constitucionalista, Jesús Silva, consideró que la sala dictó una sentencia que reúne como fundamento la independencia del máximo tribunal y señaló que el decreto es constitucional. “Nunca se había atravesado por una experiencia en la que un decreto diera votos cruzados. Esto es un signo positivo toda vez que el correcto funcionamiento del Estado de Derecho depende del principio de cooperación”, dijo el abogado quien aseguró que la “teoría de una guerra constitucional” cobra fuerza, lo que consideró “un mal indicio”.

Salidas
Haro señaló que la AN debe cumplir sus funciones constitucionales y ratificar la no aprobación del decreto. Por ello indicó que la plenaria puede tomar una postura al respecto como se hizo en periodos legislativos pasados cuando el oficialismo rechazó decisiones emitidas por la Sala Constitucional que consideró violatorias de derechos fundamentales.

Recordó Haro que en el año 2006 y 2007 la Sala Constitucional emitió sentencias que fueron discutidas en el seno del parlamento y, posteriormente, los diputados exhortaron al máximo tribunal a dejar sin efecto la decisión. Los casos puntuales se refieren a una sentencia emitida durante el mes de mayo de 2006 cuando el Tribunal declaró inconstitucional algunas disposiciones de la Ley contra la violencia de la mujer y la plenaria replicó y consideró que el falló era violatorio de derechos humanos. El segundo caso fue una interpretación que hizo la sala sobre la Ley de Impuesto sobre la Renta que la AN también consideró inconstitucional y pidió dejar sin efecto. Haro recordó que ese caso la plenaria ordenó abrir un procedimiento de remoción y destitución de los magistrados por dictaminar una decisión que consideraron estaba de espalda a la Constitución.

En este sentido, Haro exhortó a la AN a abrir un el proceso de remoción de los magistrados que suscribieron el fallo de los cuales aseguró solo 2 fueron juramentados en diciembre de 2015, mientras que los demás fueron designados en el pasado. “Esos magistrados incurrieron en una falta que amerita su destitución de conformidad con el artículo 62 de la Ley orgánica del TSJ y el artículo 11 de la Ley del poder ciudadano que establece, entre otras cosas, como causa graves, causal de remoción de magistrados por desconocer la constitución al cometer errores inexcusable como actuar comprometiendo su imparcialidad, incurrir en prevaricación. Lo que debe acordar que se instale la comisión correspondiente como se hizo en 2007”, puntualizó.

Silva señaló que la AN podría ejercer su “recurso de interpretación” de la Constitución cuando sus funciones hayan sido violentadas. “Y son múltiples las acciones todavía puede ejercer la Asamblea Nacional”, resaltó sin especificar las actuaciones que ejecutaría el parlamento. “Aún le queda espacio de maniobra a la AN”.

Fuente

El Pitazo

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