Justicia venezolana
castiga a los más pobres

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PJ3-800x500Eva, Julieta y Carmen tienen edades y oficios distintos. La primera vive en Ruiz Pineda, la segunda en Antímano y la tercera en Caricuao. No se conocen entre sí, pero las tres fueron al Palacio de Justicia por la misma razón: esperar sentadas en los bancos ubicados frente a las oficinas administrativas, hasta que se adelante el procedimiento judicial de algún familiar.

La vida y el tiempo se detienen en días así. Cualquier otra diligencia queda postergada para estas mujeres cuando asisten a las audiencias de sus parientes o los visitan en algún un centro penitenciario. Como es de esperar, días como este no cuentan, al menos no en sus cuentas bancarias.

Los jueves para Julieta, de 48 años, son días de atravesar Caracas de punta a punta: Vive en Antímano pero su hijo está en un retén en Catia. En el trabajo pide permiso para ir todos los jueves a hablar con él  solo por 10 minutos y llevarle la muda de ropa que le toca cada 8 días. También la comida. Después de ahí, va a su trabajo en Los Ruices para luego regresar a casa.

Voy a renunciar al trabajo en diciembre porque con todos los días que pido para las visitas o los que tengo que venir al Palacio de Justicia para cuando traen a mi hijo, me descuentan del sueldo y termino ganando una miseria”, explica.

Julieta realiza su ruta semanal desde hace poco más de un año. Sin embargo, los procedimientos judiciales no la han ayudado a aligerar su agenda de lunes a viernes. La sentencia de su hijo se atrasó 13 meses porque la víctima no apareció en ninguna de las audiencias que se hicieron en el primer año.

Durante ese período, la madre del detenido pagó un abogado privado que, según ella, no ayudó en nada referente al juicio: “Era costoso e hizo que la sentencia de mi hijo quedara en 9 años”. Hoy en día, tiene otro defensor más económico que lleva el caso. “Es así, humilde, como yo. Vamos a ver si logra que le reduzcan la condena”, comenta.

El acceso al sistema judicial en materia penal se ha vuelto cada vez más estrecho para las familias venezolanas, no únicamente desde el punto de vista económico, sino también con respecto al conocimiento de la ley y a la centralización del poder. No importa de cuál se trate, todas las situaciones representan un golpe al bolsillo o el rechazo a la institución judicial, especialmente para los ciudadanos con menos recursos.

Javier Elechiguerra, abogado penalista, asegura que las cárceles venezolanas están llenas de gente que no tiene recursos económicos y recuerda unas palabras de uno de sus profesores de Derecho: Aquí se está más preso por pobre que por delincuente.

De acuerdo con el abogado Juan Carlos Herrera, para “las personas de estratos bajos que viven en las adyacencias de la ciudad es casi imposible sostener el proceso porque representa un desgaste emocional y económico”. Para el especialista, esto dificulta un acceso eficiente al sistema judicial y lleva a las personas a desistir o a tomar justicia por mano propia porque desconfían de las instituciones.

Otro de los obstáculos que dificulta este acceso, para Herrera, es el desconocimiento. “Cuando la gente se enfrenta al sistema judicial ya tiene miedo porque es complejo. La gente no sabe cuáles son sus derechos ni cómo se desarrolla el proceso”, asegura. Este desconocimiento deriva frecuentemente en abusos.

Los juicios

Eva María tiene 22 años, una hija y un trabajo de medio tiempo en un establecimiento de comida. Desde hace dos años, su esposo fue detenido por homicidio. Ahora, la joven cría a la niña con ayuda de su madre y se encarga de todos los procedimientos judiciales para liberar a su pareja.

“Antes teníamos un defensor privado que llevaba el juicio y era costosísimo. Eso lo pagaba la mamá de mi esposo”, relata. Ayer, 22 de septiembre, Eva María fue al Palacio de Justicia para cambiar el abogado por uno público porque ya no pueden seguir costeando el anterior. El juicio “se atrasó” mucho y por esa razón tuvieron muchos gastos.

Por su parte, Carmen fue por su sobrino porque su hermana trabaja todo el día y no podía asistir. Como es costurera y labora desde su casa, Carmen tiene un horario más flexible y viene a ver su pariente. “Es bueno que ellos lo vean a uno porque hay mucha gente aquí que no tiene a nadie”, dice.

Un defensor público está llevando el caso de su sobrino, detenido por robo agravado. No obstante, para Carmen, que le asignen a uno un abogado público “es una lotería” porque no se sabe si va a ser bueno.

“A uno tiene que gustarle lo que hace porque si no, lo hace mal”, asegura la señora de 60 años que siente que el defensor de su sobrino no hace nada para que se dicte la condena de su pariente, quien lleva ya 4 años detenido.

A pesar de que existan quejas hacia el servicio prestado por los defensores públicos, para Elechiguerra los magistrados están haciendo un gran esfuerzo, pero la carga de trabajo no les permite darse abasto. “Tú le das la misma cantidad de casos que lleva un defensor público a uno privado y el desempeño va a ser igual”, afirma el abogado.

Sin embargo, según Elechiguerra, existe otro motivo además del monetario que lleva a las personas a buscar un defensor público antes que uno privado: El sistema judicial también los prefiere.

El abogado señala que el Poder Judicial ha convocado en ocasiones reuniones con defensores públicos únicamente y que este tipo de acciones pudiese obedecer al mismo discurso oficialista, en el que “el abogado es visto como un empresario que solo busca ganar dinero y ya”.

Calcular cuánto podría costar un caso como el de los familiares de Eva María, Carmen o Julieta no es fácil. En todos varía de acuerdo con los delitos imputados, la duración y el estatus del abogado, dependiendo de si trabaja en un despacho o si es independiente. Una cosa es cierta: Todos saben cuándo empieza el juicio pero no cuándo termina.

Según Elechiguerra, junto a los costos de los defensores y los retrasos en los juicios, otro factor incide en el proceso judicial: la inestabilidad de los magistrados. Para el especialista, el Poder Judicial en Venezuela no está a la altura de los estándares internacionales, en donde se contemplan las formas de selección de los jueces y su estabilidad.

“Más de 90 por ciento de los jueces en Venezuela son temporales”, afirma el abogado. Esto significa que los magistrados pueden ser sustituidos en cualquier momento, lo que le resta continuidad y fluidez al caso.

Para Herrera, más allá de la estabilidad de los magistrados, es necesario que existan garantías que protejan de manera efectiva la integridad y la vida de los jueces. Sin esta protección, muy difícilmente la autoridad podrá actuar de forma responsable, independiente y autónoma porque una decisión podría traer repercusiones negativas.

El traslado

Fernando (nombre ficticio porque prefirió mantener el anonimato), un joven veinteañero, tiene que venir al Palacio de Justicia cada dos semanas. Sin embargo, se considera que ha tenido suerte a pesar de que lleve este régimen de presentación desde hace un año: en su trabajo saben de su situación y no se oponen a sus permisos para faltar, además, agradece no estar preso porque así puede ayudar a su madre enferma.

El joven espera que esa suerte continúe. Ahora tiene planeado mudarse a otro estado y está haciendo los procedimientos necesarios para que trasladen su caso a un tribunal que le quede cerca de su nueva casa. “Aquí escuchas montones de historias de personas que vienen por el día a la capital para presentarse a un juicio”. Fernando espera que ese no sea su caso porque su traslado podría tomarle aproximadamente tres horas.

Por su parte, Ignacio (nombre ficticio porque prefirió no revelar su identidad) tuvo que realizar su régimen de presentación de un estado a otro durante un año porque no le fue concedida la medida de radicación para que su caso fuese procesado en un tribunal cercano a su residencia. “Yo tenía carro para trasladarme pero eso implicó también un desgaste del vehículo y una pérdida de tiempo”, explica. El trayecto para cumplir con el régimen tomaba cerca de 5 horas ida y vuelta.

Fuente

Efecto Cocuyo

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