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Defensor del Pueblo reconoce 52 fallecidos en manifestaciones

En rueda de prensa efectuada este jueves, 1 de junio, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, hizo un balance de las cifras de ciudadanos afectados por las manifestaciones que desde hace dos meses se desarrollan en el país, mediante el Informe en Defensa de la Paz y por la Verdad.

Indicó que las cifras que maneja su despacho distingue entre saqueos y protestas, y envió a los familiares de las víctimas las condolencias y el acompañamiento al pueblo en favor de la paz y la defensa de los Derechos Humanos.

Saludó la prohibición del Presidente Nicolás Maduro de usar escopetas con perdigones en las manifestaciones, lamentó que no hayan investigado los casos de fallecidos por obstrucción vial y construcción de barricadas, y solicitó celeridad procesal para estos hechos.

En su balance de los dos meses de manifestaciones en las calles, apuntó que las defensorías registran 1.889 acciones de atención al denunciante, mediación y vigilancia de la víctima en centros de salud y celdas con hechos relacionados en el marco de las protestas.

Precisó que hay 52 fallecidos en protestas, con 13 fallecidos adicionales en contexto de saqueos a locales comerciales y actos vandálicos.

De los 52 fallecidos en contexto de manifestaciones, 78 de los casos se concentran en los estados Barinas, Lara, Miranda, Táchira y Carabobo. En el caso de los saqueos, 12 fallecieron en el sector El Valle, en el Distrito Capital, y uno en carabobo.

En barricadas, cinco personas fallecieron por obstáculos en las vías. A estos casos se suma el asesinato del juez, la noche del miércoles, 31 de mayo. Hay tres funcionarios fallecidos, uno de la GNB y dos de Policarabobo, y 35 detenidos o solicitados.

En 10 casos, tres vinculan a la GNB y siete a la PNB, dos a funcionarios de Policarabobo, uno a Politáchira, uno a Polibolívar y uno a Polisucre.

Agregó su crítica a un fenómeno que llamó a condenar: los delitos de odio. Destacó tres casos: la muerte de la enfermera Almelina Carrillo, en Caracas; Pedro Josué Carrillo, en Barquisimeto, y Dany Josué Subero.

Indicó que han registrado 17 “brutales agresiones por portar uniforme, ser confundido con funcionario o formar parte de un grupo ideológico”. Destacó que en los cuatro casos de muertes ocasionadas con armas no convencionales no hay detenidos aún.

Veinte de 52 ciudadanos fallecidos han sido asesinados por arma de fuego, pero en sólo hay dos detenidos por estos casos; al menos 16 personas fallecidas murieron sin participar en la manifestación y hay 1.119 lesionados entre civiles, militares y policías.

Asimismo, justificó la intervención de los tribunales militares en los casos relacionados con las protestas en el país. Señaló que esta comprende “las infracciones cometidas por militares o civiles”.

“La jurisdicción militar debe limitarse a delitos militares cometidos por civiles y militares, siempre y cuando no sean delitos de lesa humanidad; sino, debe ser juzgado por tribunales ordinarios”, agregó.

Fuente

Efecto Cocuyo

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