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Contraloría General pide al TSJ actúe ante desacato de la AN

También publicará en la prensa escrita un cartel de notificación a la Asamblea Nacional, “advirtiendo las respectivas sanciones por el desacato”, las cuales pueden ir desde una multa hasta la inhabilitación. El caso se refiere a la intervención de la Dirección de Auditoría Interna del Parlamento y la toma de posesión de la funcionaria designada.

Caracas.- El contralor general de la República, Manuel Galindo Ballesteros, presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un amparo constitucional contentivo de una medida cautelar, a raíz de lo que afirma es la “obstaculización” que impone la Asamblea Nacional (AN) a la decisión de intervenir la Dirección de Auditoría Interna del órgano legislativo y la toma de posesión de la auditora interventora designada, Mayren del Carmen Ríos Díaz.

Señaló que a partir de este momento el Poder Judicial tiene 48 horas continuas para tomar una decisión a la solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), “y obligar” a la AN a que reciban a la auditora Ríos Díaz, “de ser posible con la fuerza pública”.

La decisión de la CGR de intervenir la Dirección de Auditoría Interna del órgano legislativo se lee en la Resolución N.° 01-00-000126 del pasado 13 de febrero de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.095 de fecha 14 de febrero de 2017.

Galindo Ballesteros mencionó que decidió que Ríos Díaz sustituyera a David Solórzano Higuera, anterior auditor interno del órgano legislativo, quien “de manera directa, sin necesidad de procedimiento, fue destituido de su cargo y sustituido por una auditora interventora”.

Informó que entre este jueves y viernes también publicarán en la prensa escrita un cartel de notificación de este hecho. “Advirtiendo las respectivas sanciones por el ‘desacato’, que pueden estar desde una multa hasta inhabilitación, si fuera el caso”, resaltó.

Luego, según indica la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se le otorga a la AN un lapso de 15 días para que presente ante la CGR toda la documentación que le exige.

El contralor general destacó que el despacho que dirige agotó “suficientemente los medios constitucionales y legales para cumplir con un mandato de la Sala Constitucional del TSJ en no menos de 8 sentencias”, instancia que -aseguró- les “ha ordenado” a ellos y al Ministerio Público “actuar dentro del marco de sus competencias en cuanto haya lugar en sede administrativa o en sede penal, si fuera el caso”.

Subrayó que el despacho que dirige tiene “derecho exclusivo y excluyente” de hacer esta intervención en la sede administrativa de la Asamblea Nacional.

CGR no reconoce a actual directiva de la AN

Manuel Galindo Ballesteros señaló que “no conforme con el atropello de obstaculizar la instalación de nuestra auditora y violando la Constitución, el presidente actual ‘de plazo vencido’, diputado Henry Ramos Allup, ha puesto obstáculos para que se impida la entrada de la CGR a los predios o sede administrativa” del Parlamento Nacional.

Por la mención de Ramos Allup, el contralor general aclaró que no reconocen “ninguna competencia” de la actual Junta Directiva de la AN, ya que, cumpliendo con lo establecido en sentencia de la Sala Constitucional del Poder Judicial, solo reconocen “a un presidente de plazo vencido, que es el diputado Henry Ramos Allup”.

Además, destacó que “ningún diputado electo tiene el conocimiento suficiente para exigir a la CGR que presente el escrito que inicia el procedimiento de intervención ante la Junta Directiva, ‘hoy en desacato’ de la AN, porque ese es una acto administrativo y no legislativo”.

Finalizó haciendo un último llamado público para que la AN permita “ejercer el derecho de revisión, de auditar, de la solicitud de entrega de documentos sobre la cual tienen competencia”.

Recordó que el artículo 187 la carta magna establece las atribuciones del Parlamento Nacional, pero en ninguna parte de este se dice que es obligante para la CGR informar algo a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN sino que, al contrario, es esta la que debe presentarles lo que le exijan.

Fuente

Yamileth Angarita

El Universal

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