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Conflicto TSJ-AN pone en riesgo elección de rectores

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Imagen referencial.

En medio de la polémica judicial que dejó por fuera a los diputados de Amazonas en la Asamblea Nacional (AN), a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el parlamento venezolano continúa con el proceso para elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) en sustitución de Socorro Hernández y Tania D’Amelio, por el vencimiento de su período el próximo 3 de diciembre.

Esta situación, según diversos expertos, pone en evidencia el conflicto de poderes que existe entre el CNE y el TSJ, y que además es parte de “la estrategia del Gobierno para seguir controlando el órgano electoral”.

José Vicente Haro, abogado constitucionalista, advirtió que es un peligro la decisión de la Sala Constitucional del TSJ que declara nulo los actos de la AN. A su juicio, esta medida pone en riesgo la designación de los nuevos representantes electorales. “Seguramente el TSJ utilizará como excusa que la AN ‘está en desacato’ y que la comisión delegada para instalar el Comité de Postulaciones es nula y sus actos también, por lo que puede alegar que existe una omisión legislativa y de esta manera proceder a designar a los rectores para el período correspondiente, como ha sucedido varias veces”, sostuvo Haro.

Asimismo, agregó que esta sentencia tiene un alcance y un propósito político para el oficialismo para evitar que la AN pueda fortalecer institucionalmente el CNE, “de cara no solo al revocatorio sino a las elecciones regionales, las elecciones municipales que deberían ser el año que viene y los comicios presidenciales del 2018”.

“Se nota claramente que el oficialismo ha armado toda una estrategia para evitar que el Poder Legislativo pueda cumplir con su deber de reinstitucionalizar el CNE y convertirlo en una institución que funcione para todos los ciudadanos”, insistió.

Del mismo modo, Vicente Díaz, exrector del CNE, aclaró que el único ente que puede nombrar a las autoridades electorales es el Poder Legislativo, tal como lo contempla la Carta Magna.

Díaz reiteró que “si la AN no lograra reunir los votos de las 2/3 partes, es cuando podría solicitarle al TSJ que se aboque”. Sin embargo, expuso que en la actualidad lo que hay es un conflicto de poderes, ya que por un lado el órgano judicial determina que la AN incumple con los procedimientos, por no desincorporar a los diputados indígenas y, por otra, el Parlamento invalida a los magistrados que tomaron dicha decisión. “Lo que hay que hacer es buscar un mecanismo para restablecer la normalidad institucional que incluye la realización del RR”, puntualizó.

Fuente

Andreína Domínguez

2001

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