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Comisión por la Justicia y la Verdad presentó informe final

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó que en la investigación determinaron más de diez mil casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1958 y 1998. Indicó que la premisa es mantener la memoria histórica para que el pueblo conozca la respuesta represiva del Estado en ese lapso.

La fiscal general destacó que uno de los propósitos fue investigar “las claras violaciones a los derechos humanos” ocurridas durante el período del puntofijismo.

Caracas.- En la presentación del informe final realizado por la Comisión por la Justicia y la Verdad, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, destacó que gracias al trabajo de investigación realizado fueron establecidas las responsabilidades de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre 1958 y 1998.

“Se determinó que hubo violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre 1958 y 1998. Se determinaron autores materiales e intelectuales y contra ellos el Ministerio Público ejerció las acciones correspondientes”, dijo desde el Teatro Principal de Caracas, ante los familiares de las víctimas y las otras autoridades miembros del Poder Moral.

El informe final recoge 10.071 casos de víctimas de asesinato, tortura y desaparición por razones políticas durante el lapso 1958-1998.

Durante las indagaciones se registraron 1.500 denuncias y se revisaron más de 16 mil expedientes. Además “se logró la ubicación de 19 restos, 14 de ellos fueron entregados a sus familiares en acto público”, dijo la fiscal general de la República.

Ortega Díaz, quien fungió como presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, especificó que, en efecto, los objetivos principales que se propusieron cumplir fueron encontrar las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables, además de rescatar la dignidad de quienes sufrieron esos abusos.

“La única forma de lograrlo es a través del ejercicio penal, y estas acciones son privativas del Ministerio Público”, aclaró, sin dejar de deplorar que “todavía hay quienes continúan prófugos de la justicia venezolana, hay muchos que ni siquiera los hemos individualizados y debemos seguir trabajando en eso”.

Por eso anunció la creación de la Fiscalía 94 Nacional, instancia que llevará adelante las investigaciones pendientes sobre la violencia y represión registradas de 1958 a 1998.

Destacó que en la investigación hallaron las fallas en el sistema penal de entonces. “Ese viejo sistema no recogía la verdad de los hechos ocurridos. Muchas investigaciones fueron declaradas como investigaciones cerradas sin haber encontrado nada”, aseguró.

Al especificar lo que sucedía, señaló que “en aquella época los cuerpos judiciales se extralimitaron de sus funciones, los familiares no podían preguntar por sus familiares. Se caracterizaban por emplear métodos de tortura en sus interrogatorios”.

Por eso expresó que “una de las premisas de este grupo que se reunió para investigar estos hechos fue para que los venezolanos recuerden cual fue la respuesta represiva de los gobiernos de turno a quienes querían manifestar su desacuerdos. La comisión nace para investigar las claras violaciones a los derechos humanos ocurridas durante ese período”.

Afirmó la fiscal general que se elaborará un cronograma para la reparación de las víctimas y su indemnización económica.

Finalmente recomendó la difusión de ese informe a nivel nacional e internacional como garantía de justicia. “En ese sentido haremos llegar a todos los embajadores, países, ONGs, organizaciones internacionales, a la OEA, a la ONU, a todos los organismos de derechos humanos. Igualmente se debe preservar toda la documentación recolectada en todas las investigaciones”.

Fuente

Yamileth Angarita

El Universal

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