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Las ánimas denuncian

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Como el ejército de las ánimas de cuando la independencia van apareciendo los restos de combatientes guerrilleros o luchadores sociales que el estado terrorista del Puntofijismo asesinó y despareció forzosamente, nunca como antes en la historia de Venezuela una gestión como a la que ahora le toca a las Comisión de la Justicia y la Verdad se  ha dado a la tarea de remover los expedientes  de víctimas para encontrar los horrores que los partidos Acción Democrática y Copei produjeron en 40 años de gobiernos corruptos y violadores de derechos humanos.

Algún funcionario público sin sentido de vergüenza señaló que para “que buscar muertos, si los muertos no hablan”, todos los cuerpos rescatados del olvido y entregados a sus familiares, señalan,  indican y describen la forma como actuaba la policía o los funcionarios militares que violentaron la dignidad de los prisioneros políticos.

Ha sido especialmente el tratamiento científico de la criminalística moderna que aplica el Ministerio Público la que permite que esos muertos describen como fueron atormentados por viles funcionarios que más que viles eran primitivos salvajes deslamados. Hoy las nuevas generaciones sabrán de lo ocurrido y la forma como actuaba el estado terrorista del Puntofijismo.

Todavía más, la memoria oral de los campesinos, que vivieron el terror desarrollado por la Digepol (antigua Disip)o del SIFA o DIM, los que permitieron localizar muchos  de los restos de luchadores sociales que sufrieron desaparición forzada, como los reciente casos de Alfonzo Lara desaparecido en 1967, en las cercanía de la población de Macaira en el estado Guárico o los  Juan Bautista Alvarez y Angel  Ramos, ambos localizados en las recónditas montañas del Turimiquire, desparecidos hace 50 años. Igual el caso de Ramón Alvarez.

Ya el hecho de encontrarlos es una hazaña porque fueron encontrados en zonas inhóspitas con una temporalidad de  medio siglo, pero el impacto simbólico y la marca de cicatrices que estos hechos generaron en la sociedad venezolana hoy muestra con irrefutable evidencia como en América Latina y en Venezuela se estreno la figura terrible de la desaparición forzada antes que en cualquier país de la región.

Estas almas fueron venezolanos cuyas familias hoy han dado cristiana sepultura a sus deudos, pero con una carga gigantesca de denuncia y revelación de una doctrina política criminal y que dejó una estela histórica oprobiosa.

Aquí hay Derechos Humanos

Cuando hablamos  violencia política y derechos humanos en Venezuela tenemos que revisar la semántica y semiótica del discurso político de la oposición para hacer  una reflexión a lo inverso, “el mundo al revés” dijo Galeano, nosotros estamos en presencia de una suerte de gimnasia verbal, cuando lo que se dice que pasa, realmente no pasa, o cuando pasa no se dice que pasa, si escucháramos todos los días  las radios privadas, casi todas, terminaríamos enfermos con bajas defensas orgánicas o por lo menos tristes desconsolados por la avalancha de mentiras cartelizadas por un intento de generar caos y desesperanza, donde tienen responsabilidades oligopolios y monopolios económicos nacionales e internacionales.

Años despues se descubren  las verdades sobre los procedimientos irregulares y asociaciones criminales  de la Policía de Chacao con el mundo hamponil, asaltos, secuestros y asesinatos, municiones y armas perdidas, pero además  indicios de que funcionarios entrenados ese cuerpo policial municipal, migraban a la Policía Nacional Bolivariana para desde adentro, corromper y realizar actos criminales Y ¿el alcalde sabia esto? Claro que lo sabía, a menos que pase por muchacho inocente y tonto.

En Venezuela como es notorio se promulgaron desde 2000 hasta 2015 leyes que crean un marco legal referencial para los derechos humanos atendiendo a los convenios internacionales y a la Constitución de 1999, baste solo nombrar la misma Ley contra el silencio y el olvido, que hoy revela miles de víctimas directas e indirectas del terrorismo de estado del Puntofijismo, cifra avalada por la investigaciones de la Comisión por la Justicia y la Verdad certificadas documentalmente, la Ley contra la tortura y tratos crueles, leyes de protección de la mujer, leyes orgánicas  de derechos políticos, económicos, culturales por nombrar solo algunas.

Estamos ante la disyuntiva de abonar espacios para la paz, para el diálogo sin condicionamientos porque no se trata de un sector y otro, es la patria, la nación, es un pueblo que está resistiendo dignamente las embestidas de agresores ocultos, que poco a poco la historia revelará, para sorpresa de quienes hoy caen víctimas del engaño y la manipulación.

Es el derecho a la verdad que tenemos todos como uno de los grandes derechos humanos, como el de la información veraz y oportuna.

Ratificamos la necesidad de fortalecer nuestra conciencia histórica y generar los mecanismos para seguir construyendo el tejido social constituyente, fibra orgánica ordenada, redes populares para la  paz y encontrar las soluciones estructurales a nuestros problemas, tenemos principios, recursos y voluntad de construir nuevos derroteros sociales capaces de brindarnos felicidad.

Aldemaro Barrios R.

San Fernando de Apure.

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