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Jueces y verdugos: venezolanos hacen justicia por su propia mano

No-a-la-inseguridad-2_optValles del Tuy.- La noche del 9 de agosto no transcurrió como las anteriores para los habitantes del sector El Dividive en el municipio Cristóbal Rojas de los Valles del Tuy, estado Miranda.

La imagen de los dos cadáveres degollados, con las manos amputadas destilando sangre desde la pasarela donde fueron colgados, desveló a todo el vecindario de esta comunidad, ubicada en la carretera Charallave – Cúa.

Nadie se atrevió a salir de su casa, pero desde sus ventanas todos contemplaron la dantesca escena, que hizo recordar los horrendos crímenes que estremecieron a México y Colombia. Nunca pensaron que en Venezuela ocurriría algo similar.

Todas las investigaciones apuntan a que los dos individuos estaban acostumbrados a robar camionetas del transporte público, y ante la falta de respuesta de los organismos policiales para capturarlos, el “hampa seria” los hizo pagar por sus delitos.

Tres días después, otro grupo de personas cumplió las funciones de juez y verdugo y apaleó a un hombre de aproximadamente 55 años. El individuo venía en una unidad de la línea San Diego, que cubría la ruta San Antonio de Yare-estación del ferrocarril Charallave Norte y fue sorprendido mostrando sus partes íntimas a una jovencita que viajaba en el colectivo. A la altura de la urbanización El Ave María de San Francisco de Yare, el aberrado intentó bajarse del autobús, pero antes recibió una fuerte paliza que casi le cuesta la vida.

Ese mismo día, Yederson Yoandri Araiz Ortega, de 22 años, quiso despojar de su celular a un ciudadano en la avenida Bolívar de Charallave. La víctima logró dominar al ladrón y junto a un grupo de vecinos, lo golpeó. “Los gritos de dolor del muchacho se confundían con las exclamaciones de ira de quienes le pegaban. Fue una escena dramática”, contó Marisol Torres, tras presenciar el hecho.

Una comisión de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas detuvo al infractor y le incautó una pistola de juguete. En el hospital le diagnosticaron heridas contusas en la cara. El joven tiene un registro policial.

Tres casos en tan solo cuatro días son una muestra de la violencia que ha venido arropando a los Valles del Tuy, ante la mirada atónita de una ciudadanía que cada día vive más atemorizada, pero a la vez con sed de venganza debido a la marcada impunidad.

Apología del delito

En mayo de 2016, la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, hizo mención a los casos de linchamientos que se registran en el país y sentenció que “nadie debe tomar la justicia por sus propias manos”.

La fiscal aseguró que “Venezuela tiene un Estado de derecho con el ordenamiento jurídico y las condiciones para enjuiciar a las personas que cometan cualquier tipo de delitos” y precisó que durante 2016 el Ministerio Públicoadelanta 74 investigaciones sobre linchamientos. Sin embargo, estas cifras se quedan cortas en comparación con los incidentes que a diario se publican en los medios de comunicación.

“Un equipo de fiscales dará respuestas inmediatas en el sentido de establecer la responsabilidad de quienes estén promoviendo linchamientos o los hayan practicado, por constituir esto una apología del delito”, señaló Ortega.

El comisario Elisio Guzmán, director de la Policía del estado Miranda, coincide con la fiscal en que los linchamientos son un delito; no obstante, atribuye este fenómeno “a la falta de gobernabilidad que ha ocasionado que la gente pierda la confianza en la capacidad punitiva del Estado”.

“El aparato judicial venezolano no es capaz de aplicar las sanciones correspondientes y aunado a ello muchas veces los delincuentes huyen antes de que sean juzgados y los delitos quedan impunes”, acotó.

Guzmán reconoció que actualmente “los delincuentes cuentan con armas más potentes que los policías y en algún momento podrían sobrepasar la capacidad de los cuerpos de seguridad”.

“El buen funcionamiento de los estamentos judiciales y la adecuación del sistema penitenciario son lo único que puede asegurar que las aguas vuelvan a su cauce”, consideró.

El director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) Roberto Briceño León, también opina que el alto porcentaje de impunidad en los casos de homicidios, estimado por estudios del OVV en un 91%; la desconfianza en las autoridades policiales y judiciales, el hastío y la desesperación de la población ante un Estado ausente en la tarea de proteger a las personas “hacen que la sociedad reaccione fuertemente y el resultado sea una sociedad más violenta”.

Briceño lamenta que estos hechos se estén disparando en el país, “pues no contribuyen a pacificar o hacer una mejor sociedad, sino que exacerban los comportamientos violentos de delincuentes y ciudadanos”.

TSJ se pronunció

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió a los medios de comunicación de Venezuela difundir imágenes de los linchamientos a los presuntos delincuentes en flagrancia.

La decisión fue dictaminada luego de que el 7 de abril del 2016 el abogado Juan Ernesto Garantón Hernández interpusiera una demanda en la que solicitó una medida cautelar innominada, “en virtud de existir un fundado temor de ser víctima de linchamiento”.

El TSJ declaró procedente la medida “porque la transmisión reiterada de los videos de linchamientos podría exaltar estos hechos contrarios a la esencia misma de la convivencia social a través de las instituciones del Estado, fomentando la anomia, el irrespeto a las leyes y a los derechos humanos (…)”.

Fuente

http://elpitazo.com/

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